La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto internacional contra dos militares rusos por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la invasión de Rusia sobre Ucrania.
En concreto, la sala II de la cámara de primera instancia de la CPI reclama al teniente general de las Fuerzas Armadas Rusas, Sergei Ivanovich Kobylash, y al almirante de la Armada Rusa, Viktor Nikolayevich Sokolov.
La corte atribuye a ambos la presunta responsabilidad de crímenes de guerra por dirigir ataques contra civiles y por causar “daño incidental excesivo” a civiles u objetos civiles, además de ser supuestamente responsables de crímenes de lesa humanidad por “actos inhumanos“.
“Hay motivos razonables para creer que son individualmente responsables penalmente por los mencionados crímenes por haber cometido los actos conjuntamente y/o a través de otros, ordenar la comisión de los crímenes, y/o por su falta de ejercicio de un control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando”, indicó la CPI en un comunicado.
Ese tribunal, que emite sendas órdenes a petición de la Fiscalía de la CPI, entiende que “existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023″.
“Durante este periodo, hubo una supuesta campaña de ataques contra numerosas centrales eléctricas y subestaciones, que fueron llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas en múltiples ubicaciones en Ucrania“, agrega la corte.
La sala que analiza el caso considera que “existen motivos razonables para creer que los presuntos ataques fueron dirigidos contra objetos civiles y, en cuanto a aquellas instalaciones que podrían haber sido consideradas objetivos militares en el momento relevante, el daño civil incidental esperado habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada”.
Esa presunta campaña de ataques puede entenderse como una “conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con una política estatal”.
“Como tal, existen motivos razonables para creer que los sospechosos también son responsables del crimen de lesa humanidad de ‘otros actos inhumanos (…) que causen intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física’”, según el Estatuto de Roma en el que se fundamenta la CPI.
Normalmente, el contenido de las órdenes de detención es “secreto”, pero la CPI entiende que difundirlas en esta ocasión puede “contribuir a la prevención de la comisión adicional de crímenes”.