El aeropuerto de Madrid se enfrenta actualmente a una afluencia sin precedentes de solicitantes de asilo africanos, lo que ha llevado al gobierno a introducir nuevos visados de emergencia e incluso a la Cruz Roja a tirar la toalla en señal de protesta. Cientos de migrantes, la mayoría de ellos procedentes de Senegal, han hecho escala en Madrid-Barajas en las últimas semanas, donde esperan hacinados en habitaciones y dormitorios para solicitar protección internacional o ser deportados.
Los videos transmitidos por policías a la prensa muestran cucarachas en el suelo y duchas insalubres. Solo en enero, se registraron 864 demandas de asilo en este aeropuerto, más que en todo el año 2022 (767), según cifras oficiales. Según CEAR y el sindicato policial SUP, el número de inmigrantes que esperaban en Barajas se situaba entre 390 y 450 a finales de enero, frente a los 250 de finales de diciembre, según los tribunales.
Desbordadas, las autoridades no pudieron impedir recientemente la huida de 17 personas rompiendo una ventana, explicó una fuente policial. Seis personas también intentaron sin éxito escapar por un falso techo. Hecho rarísimo, la Cruz Roja decidió la semana pasada retirarse del aeropuerto por no poder realizar «con normalidad» su trabajo, señaló su portavoz, José Javier Sánchez, a la televisión pública TVE.
Estos migrantes irregulares —que también proceden de Marruecos, Somalia, Mali, Kenia y Mauritania— hacen escala en Madrid y no toman su vuelo de conexión a países latinoamericanos que no exigen visado, explicó a la AFP un portavoz del sindicato SUP.
«Cuando llegan aquí a Madrid, pues nunca cogen ese vuelo de enlace y vienen a solicitar asilo», alegando proceder de un país en conflicto, explicó el portavoz.
Al llegar a Madrid, «rompen la documentación» y se declaran menores de edad, añadió. Si bien el número de solicitantes de asilo en el aeropuerto va en aumento desde el verano pasado, el incremento es exponencial desde finales de 2023, y a fines de diciembre tres magistrados hicieron sonar la alarma al denunciar la falta de «salubridad, higiene e intimidad» y la «escasez de comida» en las salas destinadas a estos inmigrantes.
El Defensor del Pueblo visitó el lugar el 19 de enero e instó al gobierno a tomar medidas para que «se garanticen los derechos de las personas» ahí concentradas. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados denunció el viernes la «falta de condiciones dignas» del lugar, y reclamó «soluciones urgentes» a las autoridades españolas.
Bajo presión, el ministerio de Interior español abrió el martes una nueva sala de espera, aumentando la capacidad de acogida en un 47%, y afirmó haber llevado a cabo la «desinfección» necesaria para hacer frente a la proliferación de insectos. Para frenar la afluencia, el gobierno también introdujo un nuevo visado de tránsito para los senegaleses que lleguen a los aeropuertos del país a partir del 19 de febrero y para los kenianos a partir del 20 de enero.
España es una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal en Europa. El año pasado entraron ilegalmente en el país 56 mil 852 personas, casi el doble (+82,1%) que en 2022, debido a las llegadas récord a las Islas Canarias, a un ritmo incluso más rápido en enero que hace un año.